Durante más de una década, funcionarios del gobierno federal habrían encubierto fraudes y quebrantos en la Comisión Federal de Electricidad, en los que estaría involucrado Néstor Moreno Díaz, actualmente investigado en Estados Unidos por hechos de corrupción. Los directivos son conocidos como los buenos muchachos, aseguran contratistas
Autor: Ana Lilia Pérez
Cientos de fojas integradas por el extitular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Olvera Mazariegos, y el auditor Marco Antonio Díaz Tobías acreditarían quebrantos, daños patrimoniales, adquisiciones inexistentes y sobreprecios en diversos proyectos de la paraestatal.
Los expedientes abiertos desde 1998, por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Función Pública), implican, entre otros, al exservidor público Néstor Moreno Díaz, actualmente investigado en Estados Unidos por hechos de corrupción relacionados con contratos a favor del consorcio suizo ABB.
Los expedientes de investigación versan sobre trabajos contratados para las centrales termoeléctricas de Samalayuca II, Monterrey II, Petacalco y Topolobampo; las centrales diésel Guerrero Negro II y San Carlos; las centrales geotérmicas Tres Vírgenes y Cerro Prieto; las centrales de ciclo combinado Monterrey III, Hermosillo, Río Bravo y Samalayuca; las unidades turbogeneradores El Sauz, Huinalá y Hermosillo.
También, a decir de Olvera Mazariegos y de Díaz Tobías, dos contratos relacionados con el Proyecto Integral de Control de Estaciones: 97-1-00405-DDS y 97-1-00616-DDS, asignados “indebidamente” a Sensa Control Digital, SA de CV, “operada mediante prestanombres”, señalan los excontralores.
Además, la compra de watthorimetros obsoletos a IUSA vía adjudicación directa; y la renta de helicópteros a Heliservicios Campeche, SA, propiedad de Alfredo Miguel Afif, sin que se justificara el gasto ?720 millones de pesos?, toda vez que la CFE contaba con una flota de 12 helicópteros.
La adjudicación del contrato de ampliación de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, Chicoasen, al consorcio Alstom-Power-Chicoasen aún cuando éste no cumplía con los requerimientos de las bases concursales.
Así como la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse para la adquisición, instalación y puesta en servicio de dos unidades turbogeneradoras, por 1 mil 348 millones 850 mil pesos, que resultaron inservibles.
La lista
De acuerdo con los excontralores Olvera Mazariegos y Díaz Tobías, mediante los acuerdos de inicio DR/044/00 y DR/045/00, la Secodam identificaba a varios directivos de CFE como responsables de irregularidades de carácter penal: Arturo Hernández Álvarez, Néstor Moreno Díaz, Jaime Palomares Torres, Octavio Larios González, Guillermo Enrique Mosqueda Frías, Óscar de los Santos Saavedra, Ramiro Padilla Ramírez, Rafael Becerra Salazar, David Castañeda Sánchez, Luis Alonso Abril Gaspar, Enrique Guzmán Sánchez, José de Jesús Moreno Ruiz, Alejandro Ortegón Esquivel, Francisco Beltrán Romero, Hugo Ubieta Rodríguez, Arturo Nova Cobarruvias, Enrique Durán Méndez.
Además, Jesús Espino Cazares, Juan Bautista Flores, Miguel Ángel Vidal, Marco Antonio Ruiz Álvarez, David Sánchez Torres, Humberto Rodríguez Álvarez, Raúl Bencomo Cervera, Luis Francisco Serrano, Julio Vancini Stefanoni, Carlos Rovira Barker, Noé Peña Silva, Raymundo Campos Milán, Oswaldo Gangoiti Ruiz, Eric Roberto Butcher Martínez, José de Jesús Castellanos y Alberto Ramos Elourdy.
Contratistas consultados, entre ellos Leonel López Sánchez, identifican a ese mismo grupo directivo, que aún opera la adjudicación de contratos en CFE, como the good guys (los buenos muchachos), por sus supuestas exigencias de sobornos.
Dicen que Arturo Hernández destaca entre los funcionarios protegidos. Éste es identificado por los contratistas como cabeza de los good guys. Además, como la mano derecha del legendario líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Leonardo Rodríguez Alcaine. El 30 de abril de 2007, salió de CFE para jubilarse y cedió su cargo a su protegido Néstor Moreno Díaz.
Al interior de la CFE, entre funcionarios y contratistas, Moreno se ufanaba de su influencia sobre el director general de la paraestatal. Nadie dudaba de ello, sobre todo después de que Alfredo Elías Ayub lo reinstaló al pasar por alto la inhabilitación que en su contra resolviera la Secodam en 2000, para que Moreno desempeñara cargo alguno por los siguientes 10 años; además de sus vertiginosos ascensos.
La Dirección de Operaciones, que Moreno ocupó hasta hace unas semanas, está integrada por tres subdirecciones: de Generación, donde se ubican todas las unidades generadoras de energía (hidroeléctricas, termoeléctricas o de ciclo combinado, es decir de cogeneración con particulares); de Transmisión y Transformación, que opera las subestaciones que regulan la potencia de la energía de alta tensión y la retransmite a toda la Red Eléctrica Nacional, y la Subdirección de Distribución, que, por medio de subestaciones, entrega la energía eléctrica a los consumidores.
No existe contrato alguno relacionado con la CFE que no sea evaluado, aprobado, adquirido y supervisado durante su ejecución por la Dirección de Operaciones, independientemente del monto. Desde 2000, todos los contratos recibieron el visto bueno de Arturo Hernández y Néstor Moreno, implicados en sobornos del consorcio suizo ABB, según las indagatorias de los tribunales estadunidenses.
En entrevista, los jefes de diversas centrales de CFE detallan las deficiencias que el director de Operaciones, Néstor Moreno, heredó a la paraestatal: centrales generadoras con turbinas instaladas sin operar; torres y líneas de transmisión instaladas a medias; subestaciones sin terminar o sin interconectar. Sistemas de protección y control del flujo y suministro de energía sin funcionar; sistemas y equipos de protección y control de subestaciones de transmisión y distribución inservibles que han causado graves daños físicos a la Red Eléctrica Nacional.
Citan también que sus bodegas están atiborradas de insumos inservibles comprados a decenas de contratistas, entre ellos los obsoletos equipos de cómputo que la compañía de Moreno, Sensa, facturó a la CFE como si fuese tecnología de punta.
Con la salida de Néstor Moreno, aún son varios los altos directivos de CFE implicados en los expedientes acumulados en la SFP: Eugenio Laris Alanís, quien dirige los Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo); Alberto Ramos Elourdy, director de Desarrollo de Proyectos; Noé Peña, quien, desde la subdirección de Transmisión y Transformación, asumió las funciones que dejó vacante Néstor Moreno.
La CFE registra incontables asignaciones indebidas de contratos, injustificados incrementos en plazo o montos contractuales, o bien, pagos con sobreprecio a compañías que a su vez le pagan a los good guys su comisión por cada contrato: dinero en efectivo y viajes al extranjero para ellos, cruceros para las esposas, Disneylandia para los hijos, o de lo contrario, la rescisión de contratos para quienes se niegan a ello.
“En CFE hay contratos que se negocian en París con champaña, mucho antes de que se diseñen las bases de licitación”, explica un contratista beneficiario.
Avisos a Elías Ayub
Ninguno de los asuntos enlistados por los excontralores fue ajeno a Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE desde 1999, ya que entre los pendientes en su agenda destacaban como focos rojos contratos multianuales para las terminales de recibo y manejo de carbón que, según estimaciones del OIC, representaban un quebranto acumulado por más de 3 mil millones de dólares.
El caso más delicado era el contrato con el consorcio italiano Techint, asociado con Grupo Mexicano de Desarrollo, para construir la terminal de Petacalco y suministrarle carbón durante dos décadas. La contraloría detectó que los precios eran estratosféricos. Los entonces contralores buscaban rescindir el contrato, pero Elías Ayub lo impidió, aseguran en entrevista.
Manuel Olvera afirma que, en numerosas ocasiones, informó a Elías Ayub que este contrato implicaba un grave quebranto a las finanzas de la CFE. En un oficio confidencial, por ejemplo, le informó que, con un “memorándum de entendimiento” fuera de toda normatividad, los directivos de la CFE habían acordado pagarle a Techint 68 millones 347 mil 610 dólares adicionales al contrato 968001 para la “prestación de servicios de montaje, instalación y prueba de Sistema Interno de Manejo de Carbón” en Petacalco.
Las consideraciones del OIC eran que implicaba responsabilidades penales para los funcionarios que suscribieron tal memorándum –Eric Roberto Butcher Martínez, Antonio Cervera Sandoval y Emilio César Reyes Lagunes– y la cancelación del contrato a Techint.
Ante la Secodam, Olvera dictaminó proceder con la denuncia penal. Argumentó que “la administración de Alfredo Elías Ayub le pagó no únicamente lo indicado en este punto, sino que además efectuó un pago en exceso que también debe cuantificarse para denunciar a las personas responsables de los hechos descritos”.
De acuerdo con el excontralor Manuel Olvera, los casos también fueron notificados a Vicente Fox y a Felipe Calderón mediante oficios firmados por él mismo y dirigidos al secretario de la Contraloría, en donde alertaba: “Este Órgano Interno de Control bajo mi responsabilidad se encuentra en condiciones de afirmar que de no sancionar penalmente a funcionarios y contratistas, la entidad enfrentará una severa crisis económica, así como de un mayor desprestigio internacional debido a la corrupción imperante en la CFE, de esta forma la consecución de financiamientos será más difícil, cara y probablemente inexistente en un futuro próximo”.
En otro de los informes, Olvera informaba al secretario de la Contraloría: “Le manifiesto la nula cooperación que ofrece la dirección general de la CFE a este Órgano Interno para sancionar las irregularidades que se cometen en todas las obras de la entidad, que bien se puede predecir como resultado dará un quebranto patrimonial de proporciones gigantescas…”.
Poco después de este informe, Olvera Mazariegos fue transferido al OIC en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su subalterno, Marco Antonio Díaz, continuó por varios meses en la integración de auditorías, e insistió en que se diera cause penal a la conducta de los funcionarios de CFE y se rescindieran los contratos que implicaban quebrantos a CFE, puesto que el impacto económico en algunos proyectos, como el de Techint, era a largo plazo.
Díaz Tobías dice que, el 8 de marzo de 2001, tuvo una reunión convocada por Elías Ayub en su oficina en el Museo Tecnológico en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. A puerta cerrada, Ayub recriminó al auditor “obstaculizar” el trabajo de sus muchachos. Lo acusó también de filtrar información a la prensa y le sugirió que dejara las investigaciones. Luego lo instruyó, a través de terceros, para que se retractara de los hallazgos de sus auditorías.
Entre los focos rojos que Díaz detectó, está la autorización de una adjudicación directa para comprarle a Mitsubishi pulverizadores para la Central Termoeléctrica de Petacalco, equipo que ya se le había comprado a ese mismo proveedor en un lote adjudicado años atrás de manera directa, es decir, se estaba simulando la duplicidad de una compra, señala.
En los contratos de arrendamiento con Banobras para el arrendamiento de grúas para las divisiones de distribución, el auditor había detectado desviación de recursos simulados por los diferenciales de precios en dólares de un año a otro sin razón aparente.
El exauditor Marco Antonio Díaz dice a Contralínea que las “intimidaciones” de Arturo Elías Ayub tenían como finalidad “que dejara las auditorías para encubrir quebrantos y daños patrimoniales de su gente, y concretar negocios, como las compras a IUSA y los contratos con Techint, entre otros”.
Fox, enterado del asunto De acuerdo con las fuentes consultadas, Vicente Fox también estuvo enterado de estos hechos, pues en 2001 recibió la visita de una prima hermana, quien le planteó que atendiera un caso relevante en su “gobierno del cambio”.
Sobre su escritorio desplegó los expedientes. En su presencia, Vicente Fox los revisó uno a uno. Leyó y releyó los números de contratos, las kilométricas cifras de los fraudes, desvíos, quebrantos; nombres y apellidos de los responsables. Los alargados dedos del expresidente se deslizaban por los bordes de las fojas. Entre el arqueo de las cejas y el carraspeo era evidente su asombro. Murmurando entre dientes repasó las razones sociales de las empresas implicadas: españolas, italianas, la de los Peralta, la de Alfredo Miguel.
Esbozó una sonrisa de condescendencia y devolvió las gruesas carpetas a su prima. “No puedo hacer nada. Tengo muchos compromisos con estas empresas; hay que conciliar”.
Durante su gobierno, en la Secretaría de la Función Pública, Francisco Barrio Terrazas, Eduardo Romero Ramos, Jorge Estefan Chidiac y Rosendo Villarreal Dávila mantuvieron congelados los expedientes; en la PGR, lo mismo hicieron los procuradores Rafael Macedo de la Concha y Eduardo Medina Mora, con los procesos penales en curso.
Lo mismo hizo su entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, que avaló la permanencia de los funcionarios en el cargo y las firmas involucradas como contratistas.
El 25 de julio de 2002, cuando Felipe Calderón era legislador, los diputados Miguel Bartolini Castillo y Francisco Blake Mora, del Partido Acción Nacional, denunciaron en tribuna los “actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad”, puntualizando casos como el de Néstor Moreno “que ilegalmente ha recibido cuantiosos contratos de la CFE con su empresa Sensa”.
En 2007, los excontralores entregaron copias de los expedientes al coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia, Dionicio Pérez Jácome-Friscione, y a la esposa de Calderón Hinojosa, Margarita Zavala. El primero de ellos se comprometió a revisarlos con el presidente Calderón, según los exfuncionarios.
Al amparo de la omisión presidencial, Moreno recorría a diario el Paseo de la Reforma camino a su oficina en su flamante Ferrari F430 Spider deportivo. Navegaba los fines de semana en las costas de Acapulco con el Dream Seeker lleno de amigos, música, vino y puestas de sol. Insumos, comidas y ropa, viajes para él y la familia, sufragadas con American Express. Todo pagado con dinero de cuentas bancarias radicadas en Suiza, del consorcio ABB. De éstas también se habrían pagado sobornos a Arturo Hernández, según las actas de los expedientes integrados por la Corte del Distrito de California.
Actualmente, en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para investigar los hechos de corrupción en la CFE y Pemex relacionados con el consorcio ABB. “Los trabajos de la comisión investigadora se harán extensivos a la revisión de la evolución patrimonial de los funcionarios señalados en la SFP por corrupción, lo que también se deberá hacer con Alfredo Elías Ayub, porque no es posible que él estuviera al margen de todo ello”, dice Leandro Zamora, asesor del diputado César Augusto Santiago y encargado de definir las líneas de investigación.
Contralínea solicitó entrevista con el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala para que dieran su punto de vista sobre el tema; también, al director general Alfredo Elías Ayub. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
Margarita Zavala de Calderón conoció las irregularidades
El 20 de agosto de 2007, el extitular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Olvera Mazariegos, y el exauditor Marco Antonio Díaz Tobías entregaron un legajo de expedientes confidenciales –administrativos y judiciales? de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Los documentos –dirigidos a Margarita Zavala y a su directora de Logística, Silvia Pérez Ceballos, a la sazón asistente personal– implicaban a Néstor Moreno Díaz en daño patrimonial, tráfico de influencias, quebrantos y favoritismo a empresas proveedoras de obra pública y servicios a cambio de sobornos.
Entre septiembre y noviembre de 2006, Silvia Pérez Ceballos fungió como asesora de Margarita Zavala en el plan de transición y en el diseño del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, que bosquejó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) concretada mediante el decreto presidencial del 11 de octubre de 2009.
Después de que ambas recibieran los expedientes incriminatorios, Moreno Díaz fue designado para recibir en comodato los bienes de LFC y coincidió con ellas en giras presidenciales para inaugurar obras de CFE, en representación de Elías Ayub.
Los sobornos
Las compañías grandes regalan yates y autos de lujo; las pequeñas, dinero en efectivo, comidas y fines de semana en las playas mexicanas. Además del caso de la corporación suiza ABB, a las mexicanas, por muy pequeñas que sean, también les toca entregar su diezmo. Dobsa Construcciones es un caso ilustrativo de cómo los good guys cobran los sobornos.
En 2008, Dobsa, propiedad de Leonel López Sánchez, licitó la adjudicación del contrato DV000-18-08 para construir el edificio del Centro de Operaciones de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía, Puebla, por 43 millones 751 mil 465.78 pesos. Según la versión del empresario, mientras se desahogaba el proceso, Rubén Loredo Romero, subgerente de Distribución Centro Oriente, responsable de la contratación, lo contactó para “informarle” que su propuesta era la más viable.
En Plaza Angelópolis, Loredo le habría expuesto que el contrato se le adjudicaría si pagaba el 6 por ciento en efectivo ?2 millones 625 mil 087.90 pesos?, el 20 por ciento de lo que López recibiría como anticipo contractual (13 millones 125 mil 439 pesos). Posteriormente, entre el 13 de marzo y el 1 de abril, se concretó. El 2 de abril, la CFE adjudicó el contrato a Dobsa. La comisión fue colocada por López en la cajuela del Stratus de Loredo, el 24 de mayo de 2008.
Dobsa registró considerables atrasos en la obra, que López arguyó a supuestos precios castigados que ofreció en su propuesta técnica y la sangría que le significó el soborno pagado. El problema se agudizó por un litigo presentado en su contra por Afianzadora Sofimex, por 19 millones 469 mil 402 pesos.
Ante los atrasos, Loredo le habría notificado que la rescisión era inminente. López reclamó que habría podido cumplir la obra si no le hubiera obligado a pagarle la comisión. El contratista contó a Elías Ayub el caso a detalle mediante un oficio el 19 de marzo de 2009, dirigido a Rubén Loredo, en el que cita: “De no haber tenido que pagarles la cantidad mencionada no tengo duda que la obra se realizaría en los términos contratados. Te solicito, una vez más, me devuelvas de inmediato los 2 millones 625 mil 87 pesos 90 centavos”.
Leonel López dice que denunciar el soborno de Loredo lo hundió ante la CFE: “A partir de allí, me impidieron participar en cualquier concurso”.
Otro buen muchacho bajo investigación
Mientras las autoridades estadunidenses dan cauce a las indagatorias contra los altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México Héctor Sánchez Camacho, jefe de Administración y Finanzas, está bajo investigación por enriquecimiento ilícito.
En la estructura de la CFE, Sánchez es subalterno de Noé Peña Silva, subdirector de Transmisiones, implicado en las transferencias electrónicas de dinero de la CFE a cuentas privadas, entre septiembre de 2005 y abril de 2006, desfalco que tiene a la cajera María Elena Guerrero presa en el penal de Santa Martha Acatitla. Guerrero fue, según su versión, quien detectó el desfalco, sin embargo, la indagatoria de la Procuraduría General de la República se limitó a encarcelarla a ella.
En la causa penal 128/2002, abierta desde 2002 por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Sánchez Camacho fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito, delito por el cual, entre abril de 2009 y marzo de 2010, el funcionario recibió dos sentencias condenatorias a las que respondió con sendas apelaciones. Hoy, las autoridades judiciales dictaminan la sentencia definitiva.
Contralínea 208 / 14 de Noviembre de 2010
