Notimex.-México, DF.- Diputados del PRD, PT y Convergencia presentarán un amparo colectivo ante un juzgado administrativo en el Distrito Federal contra los contratos integrales recientemente adjudicados por Pemex en las áreas de Carrizo, Santuario y Magallanes, en el estado de Tabasco.
“Hemos tomado la decisión de presentar un amparo colectivo, porque es gravísimo lo que está haciendo Petróleos Mexicanos, son contratos que llevan diferentes nombres, pero son los contratos de riesgo derogados en la Constitución, porque son contrarios a los intereses de la nación”, señaló.
De acuerdo a las nuevas acciones colectivas que se establecen en el artículo 17 de la Constitución, que entró en vigor el 30 de julio de 2010, los diputados promoverán un amparo con mil firmas de ciudadanos para detener los llamados contratos incentivados.
La secretaria de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que los contratos adjudicados a las empresas Petrofac Facilities Management Limited y Administradora en Proyectos de Campos S.A de C.V. violan el artículo 27 de la Constitución, que establece que la explotación quedará únicamente en manos del Estado.
En conferencia de prensa, la legisladora explicó que los contratos impugnados han sido denominados de distintas formas, pero en realidad se trata de los antiguos contratos de riesgo derogados por la reforma constitucional de 1960.
La diputada del grupo parlamentario del PT reiteró que los contratos son inconstitucionales, porque se entrega un porcentaje directo del precio de las ventas.
Lo que va en contra, subrayó, de la resolución que recientemente emitió la Corte, al establecer que los contratos que celebre Pemex no pueden tener pagos al contratista que representen un porcentaje al valor de la ventas.
El diputado del PRD, Víctor Manuel Castro Cosío, dijo que su fracción respaldará las acciones a emprender para que no se privatice Pemex, por ser un sector estratégico para la economía y soberanía nacional.
Los contratos buscan entregar el petróleo a manos extranjeras, agregó.
A decir del coordinador de Convergencia, Pedro Jiménez León, la entrega de una parte de las ganancias en la explotación de los yacimientos, “es una forma disfrazada de privatización de Pemex”, porque autoridades y funcionarios abren las puertas a la inversión extranjera en la paraestatal.
El amparo colectivo será presentado este día ante el juzgado de distrito en turno en materia administrativa en el Distrito Federal, donde se establece un capítulo para que se suspendan de manera inmediata todas las acciones para ejecutar los contratos.
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