El mundo de las licitaciones, la corrupción “legalizada”

La Unión de Morelos|Guillermo Cinta

La corrupción y las licitaciones ilegales en el sector público (manipuladas al antojo de los funcionarios en turno) siempre van de la mano. Es un vicio estructural que permanece arraigado en el gobierno federal y todas las administraciones estatales y municipales de cualquier signo político, pues representa un jugoso y millonario negocio, “libre de impuestos”, que se liquida en los sótanos del mundo de las finanzas sin dejar rastro ni huella.

Tales prácticas constituyen un mundo aparte (semejante al del crimen organizado) y maneja miles de millones de pesos que van a parar a algunas cuantas manos, al grado tal que, de acuerdo con Transparencia Mexicana, tan sólo en la asignación de contratos por el Gobierno Federal existe una corrupción cercana a los 80 mil millones de pesos anuales.

Muchas voces se han escuchado en las más altas tribunas de este país con referencia al asunto. Miles de cuartillas fueron escritas y difundidas a través de los grandes medios informativos, describiendo las redes de complicidades que subyacen cuando los gobernantes y sus principales camarillas se reparten el pastel aliados, desde luego, a otros poderes fácticos, entre ellos determinadas empresas dedicadas cada sexenio a exprimir la ubre gubernamental. Pero nada ha pasado. El PRI salió de Los Pinos en el año 2000, siendo acusado del saqueo a las arcas públicas durante siete décadas. Sin embargo, a pesar del demagógico discurso panista los mexicanos hemos soportado el mismo escenario a lo largo de dos sexenios.

Insisto: no importa el color ni las siglas de quienes nos gobiernan. La corrupción es un padecimiento endémico enquistado en el tuétano de la cultura mexicana. ¿Sirven para algo los mecanismos de control implantados por las contralorías estatales y municipales, así como por la Secretaría de la Función Pública, cuya operación le cuesta a la ciudadanía miles de millones de dólares cada tres y seis años? Al parecer, no. Aplican la ley a modo de quienes gobiernan y sólo pequeñas sanguijuelas son encarceladas o inhabilitadas para trabajar en la cuestión pública durante un tiempo específico, mientras los peces gordos ni sudan ni se acongojan.

La Cámara de Diputados (federal) y el Congreso de Morelos iniciarán pronto el debate sobre los presupuestos de egresos y leyes de ingresos correspondientes a 2012. Nuestros ínclitos diputados entrarán al tema contaminados por la creciente ebullición preelectoral, ante lo cual no perderán la oportunidad para sacar raja. Imaginen ustedes el tamaño del pastelote: tan sólo el Gobierno federal llevará a cabo obras por alrededor de 500 mil millones de pesos. Si aplicamos la tasa convencional que nos cobra la corrupción, habrá un desvío superior a 80 mil millones de pesos (creo que me fui demasiado bajo).

Algunos diputados federales del Partido Convergencia presentaron en 2007 una iniciativa de ley para reformar los procedimientos de licitación en el gobierno federal y conseguir que fueran públicos. Es más, sugirieron la construcción de salas tipo Gessel para verificar la transparencia; que en toda licitación se contara con la presencia de un notario, y que el proceso de evaluación técnica no tardase más de cinco días hábiles. A juzgar por las apariencias y la permanencia del binomio corrupción-licitaciones públicas, todo sigue igual. Las excelentes ideas de los legisladores del extinto Partido Convergencia se fueron a la basura.

Todo ocurre dentro de un contexto de simulación, sin ser ajena la Secretaría de la Función Pública. Esta institución ha cacareado hasta el fastidio su Sistema Integral de Contraloría Social para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. Teóricamente es algo sensacional, pues implica una forma de participación social en el control y la evaluación de los programas oficiales, que contribuye al abatimiento de las corruptelas, a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y a elevar la confianza ciudadana. Entre otras cosas, promueve la creación de consejos consultivos en áreas y procesos administrativos susceptibles de transas, como son las licitaciones, adquisiciones, priorización de obras y otro tipo de acciones, para aumentar la confianza de la población en su gobierno. Insisto: vana palabrería, pues la realidad es distinta.

El 8 de octubre de 2008, Luis Téllez Kuenzler, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, expresó que debido a la crisis financiera mundial y dada la situación de los mercados internacionales “sería prudente que México posponga las licitaciones en materia de infraestructura”. Dijo que las empresas participantes en concesiones, sobre todo vinculadas al transporte, “hoy están viendo cómo financian su capital de trabajo y renuevan sus líneas de crédito, y su atención la acapara lo que sucede y sucederá con su operación diaria, por lo que una licitación en este momento no necesariamente tendría participantes (privados)”. Empero, aquella ponencia fue un montaje, pues las licitaciones (con recursos federales) se siguieron aplicando.

El 24 de noviembre de 2008, la Subsecretaría de Obras Públicas del Estado fue escenario para abrir las propuestas financieras y técnicas de 11 constructoras que licitaron en torno a la rehabilitación integral del Aeropuerto “Mariano Matamoros”. Ocho de ellas –la mayoría morelenses- fueron eliminadas porque “no comprobaron su experiencia en aeropuertos” de manera abierta como sí lo hicieron las tres finalistas, aunque el procedimiento no estaba contemplado por las bases de licitación. Lamentablemente se trató de una argucia para beneficiar a un grupo respaldado por directivos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). ¿Cambiaron las cosas desde entonces a la fecha? No.

La ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla (todo el proyecto costará más de 2 mil millones de pesos) fue “ganada mediante licitación pública” por la empresa Tradeco, SA de CV, compañía fundada por Federico Martínez Salas y ahora dirigida por su hijo Federico Martínez Urmeneta. El primero fue director corporativo de Planeación y Desarrollo de Proyectos de Pemex, empresa en la que ocupó diversos cargos entre 2001 y 2003 (director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, así como subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas en Pemex-Exploración y Producción). Formó parte de un selecto grupo encabezado por Felipe Calderón Hinojosa cuando fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de la paraestatal. Tradeco, pues, es una de las empresas favoritas del actual sexenio recibiendo, entre otros apalancamientos, el invaluable apoyo de Julem Rementería del Puerto, actual coordinador general de Planeación y Centros de la SCT, de quien depende el de Morelos, a cargo de Fidel Giménez-Valdés Román.