El gobierno panista ha puesto a la venta, a precio de remate, el petróleo de los mexicanos. Mediante incentivos al capital privado está avanzando en la privatización del oro negro.
Tomás Oropeza Berumen
Mediante la aplicación de una terapia de shock el gobierno de Felipe Calderón ahora se propone aprovechar la parálisis provocada por el miedo y el desconcierto generados por su narcoguerra, para acelerar la privatización de los bienes de la nación que subsisten después de 30 años de neoliberalismo.
El pasado 1°de marzo Juan José Suárez Coppel, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que la paraestatal invitará al capital privado, nacional y extranjero, a realizar inversiones incentivadas en la exploración y explotación del oro negro en los campos maduros al Sur del Golfo de México.
Magallanes, Carrizal y Santuario son algunos de los yacimientos donde podrán invertir los capitalistas en una primera fase. Actualmente se extraen de esos campos 13 mil barriles por día y esta cifra podría subir hasta 50 mil y dar un salto el año próximo a 70 mil barriles por día. Poco más tarde se abrirán los campos maduros del norte de Veracruz en los proyectos Aceite Terciario (Chicontepec).
Las empresas extranjeras que han expresado su interés en hacer negocio son: Tecpetrol, Repsol, British Petroleum y Petrosantander. En el ámbito nacional, los grupos Carso (Carlos Slim) y Diavaz.
Los contratos incentivados son aquéllos en que al pago fijo se le añade un premio por cada barril producido por los particulares. Lo que significa que finalmente será el móvil de la ganancia capitalista lo que prevalecerá como orientación en la explotación de esta riqueza que según la Constitución Mexicana es propiedad de la Nación y el Estado mexicano el único que debe explotarla.
La decisión de la directiva de Pemex para abrirlo al capital privado es con base en una forzada interpretación de las reformas en materia petrolera realizada en 2008.
En caso de que el inversionista no encuentre el petróleo, se le garantiza la recuperación del 70 por ciento de los costos realizados. Pero si logra encontrar el hidrocarburo al 70 por ciento de los costos realizados se le añade una cuota resultante de una ecuación que entre otras variables incluye el volumen de producción.
La disposición que establece un 40 por ciento de piso en el contenido nacional de los insumos, está muy lejos de lo que se exige en otros países que protegen sus economías, como Brasil, donde se exige como mínimo 75 por ciento de contenido nacional y de Noruega, donde es el cien por ciento.
El anuncio del remate de Pemex ha generado rechazo. Para el consejero profesional de Pemex, Rogelio Gasca, los contratos incentivados son anticonstitucionales. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en voz de Gilberto Ortiz, vicepresidente del Comité de Energéticos de ese organismo empresarial consideró una torpeza privatizar la fuente de donde proviene el 40 por ciento de los ingresos del Estado. Es una media anticonstitucional, que entrega al extranjero y desmantela Pemex, aseguró.
Sobre la ilegalidad de la medida aludida no queda duda al leer lo que se establece en el artículo 27 de la Constitución en que se lee: "Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria... los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos".
En el Congreso hubo coincidencia entre PRI y PRD en considerar anticonstitucional el anuncio de Suarez Coppel. Sin embargo el senador priista Francisco Labastida sostuvo que los mencionados contratos son legales y “benéficos” para México.
Hasta ahora el pueblo no ha expresado su opinión sobre este tema que en otros países habría sido motivo de un levantamiento social contra un gobierno que, como el calderonista, pusiera en subasta la mayor fuente de ingresos del país. Pero aquí no ha ocurrido tal cosa porque los grandes problemas nacionales no son motivo de debate y la clase política está actualmente en feroz lucha interna por definir a los suspirantes presidenciales del 2012.
En este contexto se produjo la visita de Calderón a Washington, que acudió al llamado del presidente norteamericano Barack Obama para rendirle un informe de la situación de la colonia al sur del Río Bravo.
De cómo le fue, hablan las fotografías que sobre ese encuentro fueron publicadas y donde se aprecia al michoacano con el rostro desencajado y con apariencia de perro apaleado.
El incómodo embajador gringo especialista en Estados fallidos Carlos Pascual, que tanto desprecia al ejército y policías mexicanos de los que se burla en los papeles enviados por la embajada a la Casa Blanca entregados por wiki leakes a La Jornada, se queda en México, a pesar de las quejas del encargado de Los Pinos.
En este marco fueron detenidos varios soldados y oficiales del ejército mexicano con casi una tonelada de cocaína trasladados en camiones verde olivo a través de miles de kilómetros hasta Tijuana, Baja California.
Surgen muchas preguntas incómodas: ¿para cuál de los cárteles estaban trabajando los oficiales? ¿Cómo es posible que sus mandos no estuvieran enterados de lo que se trasladaba en ese convoy que pasó por decenas de retenes? ¿Ha sido coptada una facción del ejercito por el narco?
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