Presentó en la Permanente punto de acuerdo para aclarar manejo partida para la Tarahumara.
LA JORNADA|Roberto Garduño y Víctor Ballinas
México, DF. La representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiguen un probable desvío de recursos por mil 800 millones de pesos del Programa de Vivienda Rural a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuyo destino era las comunidades de la Sierra Tarahumara entre los años 2005 y 2006.
David Hernández, diputado priísta, expuso en la tribuna de la Permanente la necesidad de investigar el paso de Josefina Vázquez Mota por la dependencia referida, porque ella era responsable de la Sedesol cuando ocurrió “el manejo discrecional” de la multimillonaria cifra que debía destinarse a resolver el grave problema del deterioro de las viviendas de los indígenas tarahumaras.
“Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que informen a esta soberanía los trámites realizados a efecto de investigar las denuncias del desvío de recursos documentados del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social, ocurridos en el 2005 y 2006, imputables a funcionarios públicos y legisladores”.
A decir del priísmo en San Lázaro, el problema que se vive en la Sierra Tarahumara es consecuencia natural del abuso de poder y de la corrupción que se ha gestado al interior de las instituciones del gobierno federal. El contenido acrítico de su posición se manifestó cuando no alcanzó a reconocer que detrás del abandono histórico de las etnias, también se encuentra la responsabilidad del Revolucionario Institucional.
“Los gobiernos autodenominados del cambio han perdido la oportunidad histórica de trascender como una administración eficiente y con buenos resultados. Por el contrario, a la fecha, los estragos ocasionados por los manejos discrecionales de los recursos públicos son más que evidentes, lastimando al conjunto de la sociedad.
“Es fundamental traer a la memoria que en los años 2005 y 2006, la Secretaría de Desarrollo Social contaba con recursos por mil 800 millones de pesos, los cuales serían aplicados a la región Tarahumara a través del Programa de Vivienda Rural; sin embargo, fueron ejercidos de manera discrecional.”
En los años 2005 y 2006, los padrones de Sedesol y en particular del Programa de Vivienda Rural -refirió el diputado priísta- fueron entregados a la empresa Hildebrando Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se encargó de distribuir dichos documentos entre los encargados de llevar la campaña presidencial en el 2006.
“Con dicha información, las personas llegaban con los beneficiarios diciéndoles que sus apoyos estaban condicionados a cambio de su voto a favor de su candidato. De no aceptar esto, saldrían del programa social”.
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