Pemex: fortunas al amparo del poder

viernes, 28 de enero de 2011.

Vanguardia

Uno de los más graves problemas que arrastramos en México y nos impiden abandonar el estatus de nación subdesarrollada es la cultura de corrupción que impera en el sector público y que nadie pareciera estar interesado en combatir.

La cultura de la corrupción se encuentra a tal grado instaurada a todos los niveles en el sector público mexicano que en los hechos constituye, según lo han definido diversos estudiosos del tema, un impuesto más que pesa sobre los hombros de la sociedad.

Y en un país donde decenas de millones de personas se ubican aún por debajo de la línea de la pobreza, e incluso en el territorio de la miseria, resulta no solamente inadmisible, sino insultante, que nuestros funcionarios públicos aprovechen su posición en la estructura del poder para amasar fortunas personales.

El ejemplo que publicamos en la presente edición, relativo a la inhabilitación de 14 altos funcionarios de Petróleos Mexicanos por manipular los contratos de la paraestatal, constituye apenas una muestra del larguísimo listado de delitos cometidos cotidianamente en el sector público mexicano.

Sin embargo, que se trate de actos de corrupción cometidos en Pemex merece que tales casos sean analizados en forma particular, porque se trata de la empresa pública más importante de nuestro país y de la fuente de ingresos fiscales más relevante de México.

Tal circunstancia explica en forma automática que, tratándose apenas de una manipulación para pagar un 18 por ciento por encima del precio de mercado los servicios de flete a buques-tanque, el “negocio” les haya redituado a los defraudadores alrededor de 23 millones de dólares.

Se trata de una cantidad exhorbitante, justamente porque las cifras manejadas por la paraestatal son “astronómicas” y ello implica que los actos de corrupción impliquen daños patrimoniales inmensos.

Lo peor, como se ha dicho en múltiples ocasiones, es que, según parecieran evidenciar las circunstancias, no existan mecanismos de control eficientes, pues los funcionarios hoy sancionados estuvieron anteriormente relacionados con presuntos actos de corrupción.

En este sentido, faltará ver en este caso si, a la vuelta de unos meses, los hoy sancionados no resultan exhonerados porque los procedimientos enderezados en su contra fueron mal integrados o se probó de forma insuficiente la responsabilidad en la cual incurrieron.

Por ello, es imprescindible insistir en el hecho de que lo importante no es descubrir y sancionar eventualmente a quienes incurran en actos de corrupción, sino establecer mecanismos que hagan imposible el tráfico de influencias y, en aquellos casos en los cuales se burlen los sistemas de control, el castigo a los responsables resulte efectivamente disuasor para quienes sientan la tentación de beneficiarse a costa del patrimonio colectivo.

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