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En los últimos años se ha hecho costumbre criticar a nuestro sistema de Gobierno federal, presidencial, representativo y con división de poderes, señalando que ha propiciado la concentración del poder en el Presidente de la República primero y después en los gobernadores de los estados, porque aunque ya tuvimos alternancia en el Poder Ejecutivo Federal en 2000, los gobiernos estatales en su mayoría continúan en manos y en poder del PRI, por lo cual el atraso de las instituciones democráticas en esos estados y en los otros gobernados por el PAN y por el PRD, es evidente.
La transparencia y la rendición de cuentas no existe en los estados, porque las leyes aprobadas por los congresos locales, siempre dóciles al Gobernador, sea del PRI, del PAN o del PRD, son sólo apariencia y su contenido es irrelevante, como la Ley de Información de Sinaloa, que es una muestra cercana de lo que puede ser una ley que simula, aparenta y mantiene las cosas en el estado anterior.
Quien solicita información a la oficina estatal respectiva encontrará siempre una negativa, porque la información importante, sobre todo la relativa al gasto público, siempre está restringida o "reservada".
En los países civilizados, toda la información es siempre pública y abierta a los ciudadanos solicitantes, salvo la relativa a las fuerzas armadas y a la seguridad nacional.
Pero para quienes opinan que nuestro sistema de gobierno no es el adecuado para la idiosincrasia de los mexicanos, la respuesta sencilla es que ningún sistema democrático de gobierno, sea presidencialista, monárquico o parlamentario, puede convencer a los votantes negligentes a votar por el partido político que mantiene a sus ciudadanos en la oscuridad y en la vergüenza de aceptar gobiernos deshonestos que dilapidan el dinero del erario.
Como lo acabemos de ver en la reciente elección de representantes (diputados) en Estados Unidos, los ciudadanos votaron a favor del partido Republicano, a pesar de que el Presidente es del partido Demócrata. Consecuentemente, el Republicano logró tener la mayoría de votos en la Cámara de Representantes, aunque el Demócrata retuvo la mayoría en el Senado. El solo hecho de tener elecciones legislativas en diferente fecha de las presidenciales es un adelanto importante, pero la educación cívica y política de los electores es otro elemento indispensable.
La consecuencia inmediata es que el presidente Obama ya no podrá contar con la mayoría de votos que antes tenía en ambas cámaras, pero además, en nuestro vecino del norte los legisladores de ambas cámaras son independientes de su partido cuando el tema que deben examinar puede afectar al distrito electoral que los llevó al Congreso.
El primer elemento de juicio de un legislador en los países civilizados es saber si el tema a discusión será aprobado por sus votantes de su distrito electoral, porque la reelección de legisladores asegura que éstos efectivamente representen a los ciudadanos de su distrito, a quienes rinden cuentas y no a su partido político o al Presidente del país.
En cambio en México, los diputados y senadores son empleados incondicionales del Presidente de la República o de su partido político y nunca consultan ni piden la opinión de los ciudadanos del distrito electoral que como legisladores representan y que los llevaron al Congreso. Como no tenemos reelección de legisladores, éstos buscan subordinarse a su partido, porque de éste depende el siguiente cargo o puesto público o bien obedecen los dictados del Gobernador de su estado, porque les puede dar el siguiente empleo.
¿Porqué en México los gobiernos estatales -sean del PRI, del PAN o del PRD- siguen inmersos en la corrupción y en el desprecio a la opinión pública de sus ciudadanos? ¿Porqué los legisladores locales son obedientes a las órdenes del Gobernador?
Lamentablemente, los culpables somos los ciudadanos, porque nuestro voto no separa los propósitos o fines del votante educado o conocedor de su sistema político: por regla general, debemos votar por un partido político para Gobernador y por un partido de oposición para integrar la mayoría de votos en el Congreso local, porque de ese modo los diputados locales vigilarán las manos y el bolsillo del Gobernador, porque pertenece a un partido político distinto del de los legisladores. La rendición de cuentas supone que un poder vigile al otro.
La democracia no consiste sólo en tener leyes que permitan que los ciudadanos emitan su voto en las elecciones y que ese voto sea respetado por las autoridades. También requiere que los votantes razonen y mediten su voto para asegurar que los legisladores vigilarán al Gobernador o al Presidente de la República, en beneficio de la legalidad y honestidad de su desempeño.
Los tres fines primordiales del Poder Legislativo son legislar, aprobar el gasto público y vigilar al Poder Ejecutivo en el ejercicio del gasto. Las tres cosas son muy importantes para los ciudadanos y sin embargo, las descuidamos.
Quienes se quejan porque nuestro Congreso Federal no acepta los cambios legislativos propuestos por el Presidente, olvidan que en una verdadera división de poderes los legisladores de oposición de todo el mundo siempre votan en contra de las propuestas del Poder Ejecutivo, cuando no se trata de asuntos respaldados por la opinión pública o relativos a la seguridad nacional.
Recordemos que en 1998 el Presidente Ernesto Zedillo propuso al Congreso privatizar parcialmente a Pemex y los diputados del PAN, encabezados por Felipe Calderón, votaron en contra e impidieron el cambio que después, en 2001 Vicente Fox propuso al Congreso y fue también rechazado por la mayoría de votos del PRI y del PRD.
En 1998 el PRI ya no tenía mayoría de votos en el Congreso, de la misma manera que el PAN no tuvo mayoría de votos en el 2001. Los votantes inteligentemente dividieron su voto, para que el Congreso vigile y detenga al Presidente cuando éste pretenda legislar, que es labor del Congreso, pero sobre todo, para que apruebe el gasto y vigile los gastos del Poder Ejecutivo.
Ciertamente la propuesta de modernizar a Pemex era razonable en 1998 y en 2001, pero cuando la opinión pública no respalda al Presidente, éste no debe tratar de legislar, porque es una labor de los legisladores. Si nuestros legisladores pudieran ser reelectos, es muy probable que en 1998 el PAN no se hubiera opuesto a la propuesta de Zedillo y que en 2001 el PRI no se hubiera opuesto a la iniciativa de Fox.
Las dos lecciones antes indicadas, aprendidas recientemente, nos indican que debemos perfeccionar nuestra democracia haciendo a los legisladores responsables de sus actos ante sus votantes mediante la reelección legislativa y sobre todo, debemos ser cuidadosos con nuestro voto, porque en Sinaloa, durante 81 años, los votantes dieron al PRI el voto mayoritario para elegir Gobernador y también la mayoría de votos en el Congreso local, lo cual se ha demostrado que es un grave error, como podemos ver claramente con las leyes atrasadas y defectuosas que tenemos en Sinaloa.
La elección en Sinaloa en 2010, por primera vez, demostró inteligencia de los electores. La mayoría de votos para elegir al Gobernador se otorgó a la coalición PAN, PRD y Convergencia, pero la mayoría de votos en el Congreso local se otorgó a la coalición PRI, PANAL, PVEM, por lo cual, teóricamente, los legisladores locales vigilarán al Gobernador por primera vez en la historia de Sinaloa.
Si los electores votamos a favor de un mismo partido para elegir Gobernador y también para elegir a los diputados locales, le estamos regalando impunidad al Gobernador.
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