Alan Arias Marín| Milenio
La descomposición funcional y el debilitamiento estratégico del Estado van acompañados de un deterioro social creciente; le arrebatan a la sociedad toda potencia correctiva. Ambas dimensiones componen una crisis sistémica —entrópica—; privan en la vida social y política el desorden y la degradación. Nada funciona bien, se violan las reglas de la interacción social, la convivencia resulta defectuosa y degradada. La corrupción carcome prácticamente todo: mundo empresarial, ámbito gubernativo, instituciones estatales (CFE, Pemex, IMSS), vida política, juego electoral, legislación, procuración e impartición de justicia. La interrelación entre Estado débil y una sociedad dejada al juego de los más fuertes y violentos es complementaria y simbiótica; se refuerzan y potencian mutuamente, uno no vive sin la otra.
El sistema político opera en función de las fuerzas y grupos más poderosos, determinantes en el espacio social; la política va perdiendo capacidad de articulación con la mayoría social, mal dotada de recursos económicos, culturales y coercitivos. El desamparo civil es mayúsculo. El alto empresariado, el crimen organizado, la élite de la clase política, así como las jerarquías militares y eclesiásticas adquieren amplio margen de acción, incrementan su capacidad de intervención y decisión.
La riqueza se concentra acentuadamente, las reglas de competencia y mercado son subvertidas y amañadas; el narcotráfico —vanguardia del crimen— resulta exitoso en sus desafíos al Estado, vende protección bajo amenaza, ejerce violencia y la impone como reguladora de la convivencia social en los territorios y ámbitos que domina; el poder político se ejerce —cuando se puede— abruptamente, la institucionalidad y la cultura legal pierden peso, quedan acotadas; la fuerzas armadas expanden sus campos de acción, imponen en la práctica sus comportamientos y la lógica no civil que le es inherente; las jerarquías de las Iglesias —preponderantemente la católica— intervienen con impunidad y vulneran irremisiblemente la frágil laicidad de un Estado impotente.
El relato de lo que acontece está en manos de los grandes consorcios de los medios masivos de comunicación, principalmente la televisión. Se han convertido en grandes y decisivos actores políticos, tanto por su función social informativa y productora de significados para el comportamiento social, como al operar como pivote del conjunto de fuerzas y poderes que usufructúan a la nación.
El poder mediático impone sentidos discrecionales y —a menudo— atrabiliarios a los hechos; sus intereses, alianzas y complicidades pergeñan sus narraciones; somete a la clase política a una dependencia radical; los medios se han convertido en pieza vital del sistema e inevitables portadores de degradación social y descomposición política. En el desorden generalizado (yuxtaposición de órdenes de poder de facto y sus pseudolegalidades particulares), el poder mediático asume funciones que le son ajenas: legisla a su aire, licita a su gusto, imparte justicia mediáticamente, induce la ley y sanciona de acuerdo a sus intereses y talante cultural y moral.
Dos muestras de poderío mediático (en diferentes escalas) resultan perturbadoras: la inducción de un escándalo de supuesta corrupción en el IMSS, y la aviesa e injustificada difusión de la detención del ex secretario de Hacienda Silva Herzog, luego de la prueba del alcoholímetro. Veamos.
Se difunde una grabación ilegal, sin verificación, se confunde deliberadamente y se imputa falsamente a un funcionario del IMSS ser uno de los interlocutores; la conversación es anodina, no prueba ningún delito; licitaciones, concursos, comisiones, en todo caso, alusión a posibles actos de corrupción; el funcionario es cesado, los políticos entrevistados hacen escándalo y llevan agua a su molino, hasta el presidente se desvela en el Twitter. Cualquier curso legal queda alterado, la confusión y el prejuicio se impone, la presunción de inocencia reventada, los aludidos juzgados de antemano, desprestigiados irreparablemente.
Silva Herzog conduce su auto, lo detiene un retén de policía con fines preventivos —el alcoholímetro—, accede a la prueba, supera el límite convencional, acepta la sanción administrativa; no cometió ningún delito, las redes sociales informan, escándalo, los medios acuden en masa; accidentes, crímenes, bebedores irresponsables de esa misma noche son ignorados. La presunción de inocencia hecha trizas, insidia banal, desprestigio injusto, daño irreparable.
Sociedad y Estado se descomponen al unísono. El mal absoluto es el que afirma que lo injusto es justo, pues afecta la capacidad de separar el bien del mal (Kant), peor que el rutinario antivalor derivado de malos deseos y debilidades. La degradación ética de los medios es una variable clave de la crisis mexicana.
FCPyS-UNAM. Cenadeh.
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