El pueblo de México no enfrentaría todas las desgracias que actualmente enfrenta si no existiera la corrupción que vive y crece en todos los niveles de Gobierno, en todas las estructuras políticas, económicas, y en el propio tejido social. El problema es grande por que forma parte de un todo; pareciera inherente a la condición humana.
A pesar de todos los males que nos genera la corrupción, ésta no es la madre del problema, es sólo un reflejo del problema real, que es la impunidad. Si en México no existiera impunidad, no tendríamos los niveles de corrupción, abuso, despilfarro, saqueo, pobreza, violencia criminal, narcotráfico, crimen organizado, autoritarismo, ignorancia, falta de crecimiento económico y de democracia, distribución inequitativa de la riqueza, desempleo, expulsión de mexicanos convertidos en migrantes con todos sus derechos humanos y constitucionales violados lo mismo aquí que a donde se van; violación desde el presidente de la república, pasando por gobernantes, legisladores, presidentes municipales y regidores a la constitución, a las garantías individuales y a los derechos humanos, entre otros, que mantienen al país colapsado.
Cada día, millones se preguntan cual es la forma de remediar los males que nos aquejan, y entonces muchos le piden a Dios, otros más esperan que el gobierno (que ha generado toda la descomposición) lo resuelva, otros más consideran que la situación se resolverá sola como por arte de magia. No, no es posible la solución sin la participación directa y decidida de millones de mexicanos organizados e informados. Nunca se han llevado acabo trasformaciones en bien de la sociedad si no es por la participación decidida de ésta, a través de la exigencia derivada de una necesidad. No resulta extraño saber de los actos de corrupción de funcionarios públicos en todos los niveles, integrantes de partidos políticos y renombrados seudoempresarios (aquél que ha hecho fortuna gracias al tráfico de influencias y corrupción); casi todo ha sido permeado por el mal de la corrupción al amparo protector de la impunidad.
Si en México se ejerciera acción legal contra quienes cometen actos de corrupción o de traición a la patria; tendríamos las cárceles llenas de seudoempresarios, servidores públicos de todos los niveles incluyendo a ex presidentes de la República, senadores, diputados, gobernadores, líderes sindicales, etc. Esto no será posible en tanto el pueblo no se decida a denunciarlos, a señalarlos, a repudiarlos y expulsarlos de la administración pública, de los gremios sindicales, en vez de rendirles tributo, otorgarles reconocimientos o peor cosa, votar por ellos. Si a cualquiera de estos especímenes que se cuentan por miles en el país (unos más reconocidos que otros), se les diera el trato de lo que son (delincuentes), el avance de justicia en México se vería reflejado en mejores condiciones en todos los rubros para todos los mexicanos. Por eso, no resultan raros los actos de corrupción en el IMSS que fueron anunciados el pasado martes, en relación a la adquisición de medicamentos para los derechohabientes de esta institución, a pesar de que quien comete este acto de corrupción percibe un sueldo de 133 mil pesos al mes, pagado por el pueblo al que traicionó. Como tampoco han resultado raros los actos de corrupción en la CFE, Pemex, ISSSTE, etc. Y la privatización de los bienes nacionales a particulares hoy llamados “los grandes empresarios, ”actos llevados a cabo con impunidad total. En el estado de Colima, los ciudadanos vemos circular todos los días por la carretera libre Armería-Manzanillo, la flota de tráilers nuevos, marcados con número económico de por lo menos 60, de reciente adquisición de la nueva empresaria mamá de Silverio.
No es un secreto que en prácticamente todas las dependencias de gobierno en todos los niveles se negocian las licitaciones o concursos, y que los porcentajes solicitados a particulares para la asignación de obra, servicios, o materiales varían entre los tres, cinco, 10, 15, y 20 por ciento, implicando con ello el encarecimiento del bien adquirido(por eso resulta tan cara la obra pública: desde una banqueta, escuela, calle, hospital, boulevard, puente, mobiliario, equipo, medicamento etc.) en perjuicio de todos los ciudadanos y en beneficio personal, de grupo de funcionarios o políticos mafiosos, o para financiar el gasto de futuras campañas. ¿Verdad Lalo? ¿Verdad Paco? Ahora con total descaro, y argumentando consenso hasta sindical, particulares beneficiados desde siempre, sacan desplegados en los periódicos locales solicitando ser beneficiados una vez más con obra pública.
Mientras el país se desmorona, el PRD se degrada, se desdibuja y en el caso de Colima muere sin dignidad, ridiculizado por sus propios mal dirigentes, que no atinan a ponerlo en el camino a fin de que sirva de vehículo de la sociedad para lograr la trasformación ya no digo del país, si no del estado; apelando a las peores prácticas del PRI, a fin de adquirir militancia inconsciente, sobornada, y a modo; con todo el cinismo de que es capaz el presidente estatal del PRD en Colima y sus seguidores, en un acto inmoral, informan a los ciudadanos en general que estarán acercando limosnas a la población a fin de incrementar su padrón interno electoral. No, no es con limosnas como se resuelve el hambre de la gente, pero queda claro que lo que buscan no es la concientización de las masas, si no la adquisición de votos para adquirir cargos que les reditúen una ganancia electoral interna (externa, bajo ese medio es ilusorio obtenerla) y en algunos casos económica. Qué bien que se exhiban como lo que son.
Por Griselda Martínez.- Secretaria de formación política del PRD en el estado de Colima.
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