¿Y quién rescatará a México?

Andrés Rodríguez Cabrera

Sigue la polémica sobre 63 de los 65 mineros que no fueron rescatados hace más de cuatro años y medio en el sexenio del panista Vicente Fox Quezada; que aseguran quedaron sepultados a 150 metros de profundidad en la Minera México que se ubica en Pasta de Conchos, Coahuila.

A toro pasado, reviven el caso interesados en enjuiciar el indefendible gobierno de Vicente Fox y evidenciar al del actual presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, y lo comparan con el rescate de 33 chilenos que quedaron atrapados a más de 600 metros de una mina en Chile; que mediáticamente encabezó el presidente de ese país, Sebastián Piñera.

Ex funcionarios de Vicente Fox contestaron a emisarios de ex gobernantes priístas, que no se compara una mina de cobre inerte, como la chilena, a una de carbón explosiva como la mexicana. Y que fue decisión de la empresa y del gobernador priísta de Coahuila Humberto Moreira Valdés dar por “muertos” a los 63 mineros, suspender el rescate, y sellar la mina número ocho de Pasta de Conchos.

Los recientes gobiernos federales priístas y los dos últimos panistas no han tenido el valor de proponer reformas laborales para acabar con vividores sindicales y políticos que provocan más muertes, hambre, migración y participación de la desesperada población en hechos delictivos, por falta de eficientes apoyos en educación, empleo, servicios de salud y seguridad pública.

¿Quién rescatará a México de empresarios y políticos vividores? Los diputados federales y senadores priístas y panistas ya demostraron que no lo harán, porque nunca exigieron juicio político contra el ex presidente priísta Carlos Salinas de Gortari, que impuso y solapó a dos “líderes” sindicales, y regaló Telmex a Carlos Slim Helú. Tres casos ilegales ocurridos en las dos últimas décadas del siglo XX, que debería avergonzar a la clase política oligarca, porque en nada benefició a la mayoría de los mexicanos.

Es obligatorio informar a jóvenes del presente, que en 1989 el ex presidente priísta Carlos Salinas terminó con el cacicazgo que durante décadas ejerció Carlos Jongitud Barrios en el Sindicato Nacional de Trabajadores el Servicio de la Educación (SNTE), e impuso en su lugar a la chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales.

A sus 65 años de edad, Elba Esther ha sido tres veces diputada federal, senadora, secretaria general del CEN del pri. En el 2005 priístas la obligaron a renunciar a la diputación federal y a la secretaría general partidista, y formó el Partido Nueva Alianza después de apoyar subrepticiamente la campaña del electo presidente panista Vicente Fox.

Desde hace 21 años priístas y panistas han permitido el enriquecimiento explicable de Elba Esther, y desestiman denuncias de la minoritaria disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (CNTE). Y que decir de la mayoría de inconformes, cobardes y sumisos representados, que no promueven iniciativas de ley ante el congreso para auditar al SNTE nacional.

Como juez y parte, Elba Esther “recomendó” al actual titular de la Secretaría de Educación Pública Alonso Lujambio Irazábal. Este, con un extenso curriculum académico, calificó de tonta a la democracia mexicana, porque, según él, “desperdicia el talento de sus políticos y obliga a circular permanentemente a los legisladores, lo que no permite acumular experiencia y responsabilidad política”.

Alonso Lujambio citó lo anterior en total apoyo a la iniciativa de reforma política que presentó al congreso federal el Presidente Felipe Calderón; que tiene como objetivo reformar el artículo 59 de la Constitución Política Federal, para que la ciudadanía pueda reelegir a los diputados federales, o rechazarlos si actúan mal.

El 10 de enero de 1989, Carlos Salinas, con lujo de violencia e ilegalidades destituyó y encarceló al entonces vitalicio dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, y puso en su lugar al dirigente de la sección 10 petrolera Sebastián Guzmán Cabrera. Después lo sustituyó por Carlos Romero Deschamps.

Carlos Romero tiene más de 17 años al frente del CEG del STPRM, enriqueciéndose con: contratos, cargos de elección popular, “prerrogativas” sindicales de PEMEX, y el cobro de las cuotas sindicales a nivel nacional, sin que los priístas y panistas atiendan las múltiples denuncias legales que han presentado disidentes de este sindicato. Y los gobernantes y legisladores evitan promover reformas laborales que beneficien al trabajador y al país, y auditorías que exijan rendición de cuentas del dinero gubernamental.

En lugar de disminuir salarios y la excesiva burocracia entre los sindicalizados, empleados de confianza y funcionarios de Pemex, ahora el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, insiste en que esta paraestatal participe en el mercado de valores, como lo han hecho Petrobrás y Ecopetrol de Brasil y Colombia, para mejorar su capacidad de financiamiento y catapultar la bolsa.

En Veracruz el gobernador Fidel Herrera Beltrán bursatilizó el cobro de la tenencia vehicular para construir obras de impacto social, aún no demuestra haber utilizado el dinero para este concepto y deja una deuda por más de cuarenta mil millones de pesos que finalmente pagarán todos los veracruzanos en treinta años. Más los 10 mil millones de pesos que le prestará Banobras para “reconstruir” áreas dañadas por inundaciones y el huracán Karl, que le autorizó el congreso local.

En 1990 Carlos Salinas dio por quebrada a la empresa Teléfonos de México (Telmex) y se la vendió fiada a Carlos Slim Helú, este la pagó con el cobro de servicios que prestaba la autosuficiente empresa que dejó de pertenecer al Estado.

Carlos Slim tenía 25 años de picar piedra con su grupo Carso y no más de cuatro empresas nacionales, ahora es uno de los principales multimillonarios y dueño de más de diez empresas a nivel internacional, gracias a que “adquirió” Telmex hace 20 años.

Carlos Slim se hizo multimillonario en dólares por el monopolio que le han permitido ejercer gobiernos federales priístas y panistas. Con su fundación Telmex y demás “financia” diversas obras sociales, que al final deduce de impuestos.