Los pasos de agentes del Buró Federal de Investigaciones a los actos de corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad enseñan, dejan ver, que el gobierno de México ha hecho poco por combatir a los servidores públicos que aceptan dádivas a cambio de la entrega de contratos, y evidencia que no hay controles suficientemente robustos para frenar la compra-venta de favores en México. El seguimiento puntual de oficiales estadounidenses evidencia la debilidad de las instituciones mexicanas, el poco músculo para atajar escándalos internacionales, que hoy involucran a una trasnacional asentada en Suiza, ABB, compañía que ha aceptado en tribunales de Estados Unidos su responsabilidad en el pago de sobornos, a través de subsidiarias, a servidores públicos de la empresa de clase mundial.
El punto clave de estas investigaciones del gobierno de Washington, una que comenzó en Houston, Texas, y otra en Los Ángeles, California, es que arrancaron hace más de tres años y reventaron en noviembre de 2009, con evidencias de las transferencias bancarias para el pago ilegal a los funcionarios de la CFE. Y nadie hizo nada en México. De hecho, uno de los servidores públicos que aparecieron en las indagatorias, Néstor Moreno Díaz, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, permaneció oficialmente en su puesto hasta el 14 de septiembre de 2010.
La cronología de los hechos delata también el poco interés de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República por llevar a juicio a los ahora ex funcionarios de la CFE, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez, cuyos nombres están en un proceso judicial de una corte de Los Ángeles, señalados de recibir dádivas, favores y miles y miles de dólares (a Moreno Díaz se le acusa además de aceptar un Ferrari Spider F430 de 297 mil 500 dólares y un yate Dream Seeker de 1.8 millones de dólares).
¿Cuál fue la ruta de las dos investigaciones del FBI, que dio con los sobornos de ABB a la CFE? ¿Cómo los agentes estadounidenses se fueron topando con una intrincada red de empresas en Suiza, Estados Unidos, Panamá y México, y cuentas bancarias en Europa y América?
El 18 de noviembre de 2009, el FBI dio a conocer que agentes federales de Estados Unidos arrestaron a John Joseph O’Sea y el mexicano Fernando Maya Basurto, acusados de formar una red de corrupción para tener negocios con CFE por más de 100 millones de dólares para ABB, trasnacional que ahora sabemos tuvo contratos con la extinta Luz y Fuerza del Centro y tiene más de 600 con el gobierno federal (Petróleos Mexicanos, Secretaría de Economía y el Instituto de Investigaciones Eléctricas).
Maya Basurto fue trasladado a una corte de distrito en Houston, acusado de ser uno de los intermediarios en el pago de sobornos entre 1997 y 2003 a funcionarios de la CFE, bajo el expediente criminal H-09-325. El vocero de la Comisión Federal de Electricidad, Estéfano Conde, declaró el 24 de noviembre de 2009 que la empresa estatal se había enterado del caso por un cable del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que el director Alfredo Elías Ayub, había pedido a la Función Pública que interpusiera denuncias a la PGR. La CFE desea que “se investigue este caso hasta sus últimas consecuencias”, dijo.
El mexicano Maya Basurto aceptó un trato con la fiscalía federal para colaborar en las investigaciones del Departamento de Justicia. Las últimas consecuencias, anunciadas en México, llegaron pero en otra indagatoria que cruzó el territorio estadounidense. Otro agente del FBI siguió la ruta de otras empresas de dos mexicanos, Ángela María Gómez Aguilar y Enrique Faustino Aguilar Noriega, que utilizaban el mismo modus operandi en Los Ángeles, California, para sobornar a funcionarios de la CFE, empresa que no hizo nada en 11 meses por atrapar a los supuestos implicados del primer caso en Houston.
Después de una investigación de más de tres años, agentes federales detuvieron el 10 de agosto de 2010 a Ángela María Gómez Aguilar, bajo la causa criminal CR10 1031 en una corte de distrito en California (su esposo y socio Enrique Faustino Aguilar Noriega se encuentra prófugo de la justicia de EU). En el expediente judicial, botaron los nombres de Néstor Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez, como los beneficiarios de los sobornos para obtener contratos de CFE.
El 15 de septiembre de 2010, el FBI dio a conocer un comunicado de prensa con el caso, sin mencionar los nombres de los funcionarios implicados: sobornos en CFE para obtener contratos. A manera de control de daños, la Comisión Federal de Electricidad difundió la tarde de ese mismo día que Moreno Díaz, director de Operaciones, había presentado su renuncia el 14 de septiembre y que tenía licencia desde el 16 de agosto. Desde luego, la empresa de clase mundial no dio detalles de la separación de este servidor público.
El FBI había destapado la cloaca en México…
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