El Financiero en línea
El tema del fuero constitucional, que protege entre otros funcionarios a los senadores y diputados del Congreso de la Unión, y evita que pueda procederse penalmente contra ellos, ha vuelto a atraer los reflectores en las últimas semanas.
El caso de Julio César Godoy Toscano, diputado ahora experredista electo por Michoacán, quien no había tomado posesión de su cargo por ser un prófugo de la justicia federal, ha causado revuelo por las circunstancias que le permitieron rendir la protesta de ley ante la Cámara de Diputados y con ello quedar a salvo de los agentes de la PGR que lo perseguían desde meses atrás.
El hecho de haber sido introducido de forma subrepticia al interior del recinto legislativo y escondido dentro del mismo por sus propios compañeros de partido para esperar el momento oportuno y completar su plan, ha despertado el enojo de los legisladores de otros partidos y la indignación de la ciudadanía en general.
La inmunidad parlamentaria ha pasado a ser impunidad y en este como en otros casos, el espíritu del fuero constitucional ha sido burlado de nuevo, dando un golpe más al de por si devaluado Estado de Derecho que no alcanza a consolidarse y es más objeto de burlas que de reconocimiento y respeto en general.
El origen del fuero o inmunidad parlamentaria se remonta a la Inglaterra del siglo XVII, basado en los principios de "freedom of speech" y "freedom of arrest", de donde pasó a Francia y luego a España para después ser adoptado por nuestras sucesivas legislaciones constitucionales.
En México se remonta a los fueros militar y eclesiástico, y en este último caso a la protección especial de que eran sujetos los miembros de la iglesia católica, particularmente los integrantes de su jerarquía. Su vigencia tuvo sentido en las primeras épocas de la democracia en las que los miembros de los parlamentos o de las cortes o cámaras legislativas --según el país-- podían ser encarcelados o incluso ejecutados, cuando, como representantes del pueblo, se atrevían a disentir de las opiniones o de las posiciones políticas de los gobernantes en turno.
Así ocurrió en nuestro país en 1913, durante la llamada Decena Trágica cuando el senador Belisario Domínguez fue asesinado por los sicarios de Victoriano Huerta, dolido por un discurso pronunciado por el legislador chiapaneco en el que denunciaba los crímenes del usurpador. Sin embargo con el correr de los años, el fuero se ha convertido en muchos casos en una especie de blindaje legal que favorece la comisión de hechos delictivos, sin que los culpables puedan ser perseguidos legalmente bajo el amparo del fuero.
También tenemos el sonado caso a principios del sexenio foxista, el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps se libró de ser acusado en el escándalo del Pemexgate gracias a su fuero como senador de la República.
En los hechos, lo anterior supone que hay ciudadanos de primera, aquellos que gozan del fuero constitucional y que, por tanto, son inmunes al ejercicio de acciones penales en su contra, aun cuando sean sorprendidos en plena flagrancia, y el resto, que somos de segunda categoría, pues toda la fuerza de la ley nos puede ser aplicada sin mayor contemplación, como debería ser para todos.
En el caso de Godoy pesa, además, el hecho de que el fuero fue realmente utilizado como una herramienta de impunidad que ha evitado su detención, y los protagonistas del vergonzoso evento ahora han reculado y lo han dejado solo rascándose con sus propias uñas.
Si bien parece que las cosas apuntan hacia que finalmente el juicio de procedencia que permitiría su desafuero concluirá a favor de la PGR, los hechos llevan inevitablemente a la reflexión y al replanteamiento del tema como una prioridad en la agenda legislativa que debe ser discutida de manera urgente.
Es sabio el dicho que reza que "Quien nada debe nada teme", y si cuando menos algunos legisladores son conscientes del desprestigio que se han ganado ante la sociedad, deberían promover a la brevedad que el famoso fuero sea acotado y limitado a casos muy concretos que se relacionen directamente con las actividades que tienen que ver con su trabajo como servidores públicos, y lo mismo con el resto de funcionarios que gozan de dicha protección.
Los ciudadanos debemos lanzar un ¡ya basta!, y exigir cambios de fondo tanto en este como en muchos otros temas. Ya no es posible permitir que los políticos nos vean continuamente la cara de idiotas, pero eso sí pedir que les tengamos confianza y sigamos votando por ellos cada vez que hay elecciones, para darnos la espalda después.
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